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La controvertida norma cuenta con la oposición de colectivos profesionales e instituciones autonómicas, que la consideran una invasión de sus competencias.

 

La liberalización de los servicios profesionales prevista en el Anteproyecto aprobado por el Gobierno reducirá drásticamente las garantías de los ciudadanos.

El pasado viernes 2 de agosto el Consejo de Ministros del Gobierno del Estado aprobó el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. El texto, que fue presentado por el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Gindos, pretende liberalizar las condiciones que regirán el acceso y el ejercicio de las diferentes profesiones, así como el funcionamiento de los colegios profesionales.

Tanto los representantes de Unión Profesional como la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña han mostrado su rechazo a la propuesta por la falta de diálogo con los profesionales afectados y por el grave perjuicio que puede representar para los ciudadanos la pérdida de garantías sobre la calidad de los servicios prestados por los profesionales.

El contenido del anteproyecto, por otra parte, invade las competencias legislativas propias de los gobiernos autonómicos. En Cataluña, es la Generalitat quien tiene estas competencias y una legislación propia de colegios profesionales y los representantes del Gobierno catalán ya han manifestado su oposición y la presentación de alegaciones de acuerdo con los colegios profesionales de Cataluña . La presidenta del CAATEEB, María Rosa Remolà, manifestó, primero, la “sorpresa de que una normativa que afecta tan directamente a un colectivo clave para la economía y la sociedad se haya hecho pública en pleno mes de agosto”. En segundo lugar, que, bajo la pretensión de liberalizar el ejercicio de los profesionales y hacerlo siguiendo el mandato europeo, “en la práctica, la propuesta representa un paso más en la recentralización y la homogeneización, que invade las competencias propias de los gobiernos autonómicos “. En tercer lugar, denuncia que la propuesta ha sido redactada “sin contar con el punto de vista de los profesionales afectados”.

La eliminación de la colegiación obligatoria en actividades y profesiones en las que hasta ahora lo era, conllevará la supresión del control deontológico y de las buenas prácticas que actualmente realizan los colegios profesionales. Esta situación fomentará el intrusismo y dejará los ciudadanos desprotegidos por falta de garantías en los servicios, sin que ninguna Administración esté en condiciones de asumir este control.

Arquitectos y Aparejadores en Barcelona. B13Studio

 

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